Accidentes laborales en la M-30

En plena reeleción de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid, los ciudadanos siguen sufriendo las obras de la carretera de circunvalación M-30: uno de los proyectos más grandiosos y cuantiosos de la región. Pero la reforma de la red viaria, que todavía no vemos cuándo terminará, está dejando demasiados accidentes laborales que, sin duda alguna, podrían evitarse.

Por este motivo, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado en un informe los más de mil casos, nueve de ellos mortales, producidos en las obras de la comunidad desde su inicio. Los datos desglosados por las causas muestran que de los 1.041 leves, 272 de ellos han sido por sobreesfuerzos y 248 por golpes y cortes de objetos y herramientas
Según la Federación Regional de Construcción de CC.OO., que consideró infracatalogados los accidentes graves, "las lesiones por sobreesfuerzo tienen una relación directa con las prolongaciones de jornada y sobre ritmos de trabajo y destajo", y que 89 de los accidentes hayan ocurrido en fin de semana, fuera de la jornada de convenio, lo demuestra.

A raíz de las denuncias reiteradas de este sindicato por incumplimiento del convenio de la construcción, sobre todo en el apartado jornada laboral, Inspección de Trabajo ha constatado el incumplimiento de la jornada laboral en 17 de los diferentes tramos visitados.
Por su parte, UGT ha afirmado en un comunicado que, según el Ayuntamiento, el total de accidentes que se han producido en estas obras asciende a 1066 accidentes, de los cuales 1041 han sido leves, 18 graves y 7 mortales. Para el sindicato, "en las obras de la M-30 se ha incumplido de manera sistemática el convenio colectivo de la construcción, ya que un total de 91 accidentes se han producido en sábados y domingo.
Destaca el dato de que "el mayor número de accidentes se ha producido en la octava hora de trabajo, es decir, al finalizar la jornada laboral, donde se registran un total de 168 accidentes". Sin embargo, la Unión General de Trabajadores considera que estos datos son "poco fiables", ya que "las denuncias de los trabajadores demuestran que el Ayuntamiento ha maquillado estos datos: denuncias de accidentes que han tenido una catalogación de leves, siendo graves".
Y todo esto en unas obras rodeadas de debate por la necesidad, desde el ámbito europeo, de realizar el llamado examen de impacto ambiental. Pero la andadura de este gigante arquitectónico –transformador de la ciudad de Madrid-, las denuncias han venido además por la falta de medidas de seguridad en las obras para los trabajadores. Cuando se trata de accidentes fácilmente evitables como son los laborales, sería mucho mejor que las monumentales obras de la M-30 apostaran por la seguridad, y sus gestores, también.

A un año de las generales

España se encuentra en elecciones, y lleva así desde hace dos semanas: las precampañas y campañas electorales son el escenario para que los candidatos se afiancen o se den a conocer. Se trata, como ocurre en todos los comicios, de una antesala a las generales; son las elecciones municipales y autonómicas en toda España; a excepción de Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía donde, al ser comunidades históricas, poseen libertad para fijar la cita autonómica.

En el caso de Madrid, que políticos se disputan enormemente debido al gran bastión que supone una victoria en la capital de España –los ‘otros’, los derrotados en la comunidad se conformarán con destacar el amplio número de votos conseguido en el resto de la península-, la batalla ha sido muy dura. Y no será por los esfuerzos realizados por los grupos políticos, donde recientemente hemos asistido al espectáculo chulapesco dado por los principales candidatos a la comunidad.
Por el contrario, y a pesar de la campaña llevada a cabo en los seis municipios con más población de la región –Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Alcorcón-, no parece que los resultados varíen mucho de los que ahora tenemos los ciudadanos.
Cuatro hombres y dos mujeres, algunos con más fortuna que otros, han pretendido convertirse en las Conoce en vídeo su faceta más cercana)
Las urnas ya están cerradas; ahora sólo queda el consentimiento que los ciudadanos han depositado en los altos representantes de la gestión política para que gobiernen con eficacia y responsabilidad pública. Se vuelve a empezar.

Educación electoral

Esta vez la campaña política para las elecciones autonómicas del próximo 27 de mayo se ha movido en el terreno educativo. Y digo esto porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y candidata para continuar su mandato manifestó en Las Rozas (Madrid) su intención de modificar la legislatura vigente. La propuesta electoral de Aguirre pasa por la convalidación de la nueva asignatura ‘Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos’ por la realización de tareas de voluntariado para todos aquellos alumnos cuyos padres planteen objeción de conciencia frente a esta materia.
En este pulso oportunista entre el Gobierno, de manos del Ministerio de Educación, y la comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular de Madrid –tanto el Estado como las comunidades autónomas poseen competencias en materia educativa-, las posturas son muy dispares.
Por una parte, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), en boca de su presidenta Lola Abelló, consideró este lunes pasado una "falta de responsabilidad política" la propuesta de la presidenta Esperanza Aguirre, ya que con esta iniciativa comete un "acto de insumisión ante una ley orgánica que tienen que cumplir todas la comunidades autónomas".
En relación a la críticas por parte de otras asociaciones acerca del "carácter adoctrinador" de esta nueva asignatura, Abelló dijo que está formada por "contenidos curriculares sobre Derechos Humanos, actitudes y valores de convivencia, estrategias de aprendizaje... por encima de partidos e ideologías", concluyó. Sin embargo, ya han surgido las primeras opiniones divergentes que propugnan su objeción respecto a esta asignatura, el primero en la provincia de Toledo y el segundo caso en Madrid. Y es que tanto el Foro de la Familia, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y Profesionales por la Ética han lanzado una campaña informativa para animar a los padres a seguir los pasos de la objeción; además de anunciar la puesta en marcha de recursos antes los tribunales y movilizaciones en caso de “sanciones o represalias” de las administraciones por mostrarse objetor de esta asignatura obligatoria.
En este sentido, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, consideró que la propuesta de Aguirre "pone de relieve que en un Estado de Derecho es perfectamente compatible el respeto al orden público educativo con el respeto al ejercicio por las familias del derecho constitucional a la objeción de conciencia".
Las Escuelas Católicas también han opinado al respecto. El secretario general de Educación y Gestión -entidad que agrupa a las escuelas católicas- en Madrid, Emilio Díaz, consideró este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid "habla de complementariedad y no de alternativa" a la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’ cuando plantea ofrecer tareas de voluntariado a los alumnos. Asimismo, señaló que el currículo de la materia para Primaria y Secundaria que ha aprobado el propio Gobierno de la capital "es aséptico y exquisito, y no plantea ninguna duda respecto de que pueda dar lugar a intromisiones ilegítimas en el ámbito de la privacidad o de la decisión moral que le compete en exclusiva a la familia".
Una nueva encrucijada entre el Gobierno y la comunidad de Madrid… y que únicamente puede solucionarse en las urnas. En ocasiones, ni entonces.

Los 'reyes latinos'

Estos días en la Audiencia Nacional se está celebrando el juicio contra una de las bandas juveniles latinas más peligrosas: los ‘Latin Kings’. En el banquillo de la Audiencia Nacional estarán el ‘Padrino’, el ecuatoriano Eric Javier Velastegui, de 30 años, y la española María Torres Oliver, así como todos los lugartenientes de ambos –en total 14 miembros-, para los que la Fiscalía de Madrid pide un total de 109 años de prisión con penas que rondan los siete años para cada uno de ellos.
El considerado como el líder y fundador de los 'Latin Kings' en España, Eric Javier Jara Velastegui, alias 'Padrino' o 'King Wolverine', aseguró hoy 3 de mayo durante el juicio que "se prohíbe cualquier tipo de agresión física, verbal o moral" y añadió que fue creada "para ayudarse unos a otros" y se dedica, incluso, "a limpiar parques".
Eric Javier, ya condenado a 21 años de prisión por robo, detención ilegal y violación, y para el que el fiscal pide ahora siete años de cárcel por un delito de asociación ilícita y otro de coacciones, aseguró que los 'Latin Kings' "no es una organización criminal", sino un grupo de personas que "se ayudan mutuamente, luchan contra el racismo, defienden sus derechos y organizan eventos culturales y deportivos". De hecho, aseguró que “nadie está obligado a entrar en la organización”
Pero lo cierto es que entre los 14 imputados suman varios delitos de coacciones, amenazas y asociación ilícita, así como varias faltas de lesiones, por los que el fiscal pide un total de 99 años y tres meses de cárcel.
Pero cuando hablamos de ‘Latin Kings’ no nos referimos a un grupo juvenil, sino a un auténtico clan estorsionador y criminal. Como prueba de ello, el fiscal ha indicado que se estructuran territorialmente en dos Reinos: Madrid, que es el Reino Inca, y Cataluña, que es el Reino Hispano, y que su objetivo es cometer infracciones penales contra la vida y la integridad física de las personas. De hecho, hace apenas un mes conocimos la noticia de cómo una joven era violada por seis miembros de esta organización, además de ser maltratada y vejada en repetidas ocasiones.
Por su parte, el letrado de la acusación particular en España, Jesús Garzón, apuntó que una de las "claves" del juicio está en la declaración de los testigos protegidos que presuntamente fueron víctimas de las amenazas y agresiones de los 'Latin Kings', aunque reconoció que le preocupa que "si tienen mucho miedo a las represalias puede que no declaren todo lo ocurrido".
Los miembros de esta banda se reconocen dueños de un territorio y de todo lo que allí existe. En la mayoría de las ocasiones se trata de jóvenes que están solos en la vida, y que encuentran en el grupo una familia, un motivo por el que luchar y sentirse bien consigo mismos; y en la violencia su modo de expresión. De hecho, en el 'Manifiesto' de los “Latin King” se recoge la supremacía de la Nación y se designa a los “Ñetas” –otra banda juvenil- como enemigos principales de la banda, a los cuales no se les puede dejar crecer como organización y hay que tumbarles como sea, tal y como manifestó el líder Eric Javier.
En cuanto a la financiación de la banda criminal, según añade la Fiscalía en el juicio, se realizaba a través de cuotas que semanalmente tenían que entregar sus miembros, y que eran destinadas a la compra de armas o el pago de abogados que defendían a imputados pertenecientes a los 'Latin’.
Ante todo esto, la vinculación entre inmigración y delincuencia es relativamente fácil de establecer. En cambio, hoy día nos encontramos con niños y adolescentes solitarios que provienen de otros países, y que encuentran en la banda la única forma de reconocimiento. Éste es el verdadero problema.

La ley de la botella

Dos noches consecutivas de batallas campales entre jóvenes y centenares de policías son el escenario del barrio madrileño de Malasaña.
Primera escena: un grupo de jóvenes que rozaba el millar, congregados en la confluencia de las calles de San Andrés y La Palma pretende celebrar las fiestas del barrio madrileño con un botellón. (Hay que explicar, claro está, que el Ayuntamiento de Madrid prohibió por ley el botellón por suponer una alteración del orden público).
La segunda: los agentes de la Policía Municipal impidieron el paso a la Plaza del 2 de mayo donde se celebraría el “macrobotellón”. A partir de ahí, los agentes municipales y los jóvenes se lanzaron todo de objetos, empleando las armas propias de que disponen: de un lado, piedras y botellas, y de otro, cargas; nada comparable. “Tan sólo” media hora después, alrededor de las tres de la mañana, una pequeña dotación de agentes antidisturbios de la Policía Nacional se sumaron a la batalla.
La situación, lejos de solucionarse, se agravó aún más: papeleras arrancadas y quemadas, contenedores de obra incendiados y colocados a modo de barricadas, alguna cabina de teléfono derribada y, ladrillos y adoquines de las obras adyacentes arrojados sobre los policías fue el pasaje tras los enfrentamientos, que llegaron hasta la calle Gran Vía de Madrid.
Según una portavoz de Emergencias, los bomberos intervinieron en nueve ocasiones para sofocar el fuego de papeleras y basureros y retirar las improvisadas barricadas. A su vez, se efectuaron varias detenciones, un total de ocho, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La pregunta viene de nuevo a la mente de todos: ¿son los jóvenes, que tienen al alcohol como amigo inseparable, los culpables de las reyertas que se viven en las ciudades?. Aunque así sea, ¿no sería más fácil proporcionar a los jóvenes lugares donde poder pasar su tiempo de ocio, de manera que no afecten negativamente el bienestar de los demás ciudadanos?.
Estas prohibiciones, que fueron dictaminadas en 2002 por el entonces ministro del Interior Mariano Rajoy y que están basadas en la legislación sobre drogodependencias, deben ser reprobadas por las comunidades autónomas. Y es que, actualmente, sólo nueve regiones han fijado normas contra las fiestas “alcoholjóvenes” en las vías públicas y parques o la venta de alcohol a menores de 16 años.
En contra de esto, la Junta de Andalucía optó por financiar “botellódromos”, esto es, lugares donde los jóvenes puedan beber sin causar perjuicios contra la población. A esto hay que sumar las reacciones de la Federación Española de Municipios, que desde el principio buscó ayuda del Ministerio de Sanidad para proponer medidas más efectivas.
Frente a los sucesos ocurridos las pasadas noches, la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, confesó en la recepción oficial por los actos de conmemoración del 2 de mayo que “los hechos obedecen al exceso de alcohol, que lleva a la reyerta, a romper el mobiliario urbano y, por tanto, a la intervención de la policía”.
Respecto a la intervención policial, uno de los jóvenes que participó en el botellón confesó que los agentes "venían con sus porras y nos la han liado y se la hemos liado respondiendo a botellazos y quemando contenedores", trabajador de hostelería de 19 años. Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, calificó de "correcta" y "proporcionada" la actuación de los cuerpos de seguridad, y consideró "absolutamente injustificados (los hechos), que rompen todas las normas de convivencia".

Esta ha sido la segunda jornada de violencia (¡ya van dos!) en el centro de Madrid, que se suma a del martes, 1 de mayo, en que las reyertas se saldaron con una veintena de heridos y una docena de detenidos. Alguien tendría que poner freno a un problema que tiene visos de volver a repetirse.

Este libro no está "a la altura"

El Día del Libro resultó accidentado. Un grupo de jóvenes del Grupo Activismo Social (GAS) perteneciente a ATTAC, interrumpieron la ceremonia en el Salón de Actos del Círculo de Bellas Artes, donde se celebraba la VIII edición de la lectura continuada, ¡como no!, de El Quijote. Con carteles en los que se leía “No al préstamo de pago” y ante las miradas de asombro de los asistentes, dos de los presentes leyeron un manifiesto tras la intervención del Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, no sin antes disculparse por la interrupción de un acto que, según manifestaron, fomenta la lectura, pero que se contradice con la política del Gobierno. Muchos de los presentes cobijaron con sus aplausos a los activistas, y contribuyeron con sus firmas a que se revoque el Dictamen sobre el Proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas.
Fue el pasado 3 de noviembre de 2006 cuando el Gobierno socialista aprobó esta reforma, que actualizaba la normativa vigente desde 1975. Y es que el dictamen aprobado por el Congreso establece el precio fijo de los libros, a excepción de los manuales escolares -cuyo precio queda liberalizado- .

Y es que en este asunto pronto han surgido las divergencias. Por una parte, se encuentran las asociaciones de padres, como la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) o la Confederación Católica de Padres de Familia y Alumnos (CONCAPA). El Ministerio propone el abaratamiento de los libros de texto -de adquisición obligatoria para el estudio de los alumnos-, pero no se garantiza la gratuitad del material escolar; como han manifestado.

Por otra parte, tanto editores como libreros destacan la voluntad del nuevo texto por fomentar la lectura como instrumento de desarrollo económico y social. Pero sobre todo económico; de esta manera la venta de manuales seguirá engordando los ingresos en cada curso escolar. Por el momento, la Administración no se hace cargo de este gasto en cultura, en lectura.

Sobre el plano que afecta a las bibliotecas, el proyecto de ley fija una inversión de 431 millones de euros en bibliotecas públicas, e incluye el establecimiento de un canon por el préstamo bibliotecario de 0,20 euros por libro, que asumirán las Administraciones en cumplimiento con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este canon revierte, por tanto, en menores fondos para las bibliotecas.

Pero aquí también las reacciones han sido dispares, aunque tanto la Federación de Gremios de Editores como la Confederacíón Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) han admitido que sólo el hecho de que se haya remitido a las Cortes un proyecto de una ley que decide impulsar el libro en la sociedad y convertir en deber la oferta pública de bibliotecas ya es una buena noticia.

Para otros, el proyecto de ley resulta incompleto, como expresó Andrés Sorel, secretario general de la Asociación Colegial de Escritores, ya que no contempla asuntos como la «liquidación de derechos de autor», «el control de tirada» o la reforma del «dominio público».

Sólo se espera una ley de la lectura que se encuentre a la altura de la cultura española, quede verdad fomente y no desmotive el hábito de leer y conocer. Una reforma que pretenda inculcar una sociedad culta, interesada por saber.

Derechos políticos y armamento

Sahara libre, ¿ya!", "Marruecos culpable. España responsable" o "No más armas de España para Marruecos" fueron algunos de los lemas que se vieron en la manifestación convocada por la Coordinación Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara) del pasado 21 de abril, en la que se reclamaba la protección de los derechos del pueblo de Sahara Occidental.

La movilización pacífica, que circuló desde Atocha hasta el Ministerio del Exterior en Madrid (España) y entre cuyos asistentes se encontraban el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el Secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, y actores de la talla de Juan Puigcorbé o Carmelo Gómez, exigió al Gobierno español que apoye decididamente las resoluciones de Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación. Asimismo, se solicitó al Ejecutivo socialista denunciar la violación de los derechos humanos que se está produciendo en Sahara Occidental por parte de Marruecos.
En cuanto a las decisiones tomadas a cabo por la ONU, que prepara un nuevo plan de paz elaborado por James Baker, su secretario general, Ban Ki-moon, remitió al Consejo de Seguridad un informe en el que alienta a Marruecos y al Frente Polisario a que negocien la solución del conflicto del Sáhara Occidental de "buena fe y sin condiciones previas". Este estudio, difícil debido a las posiciones encontradas de Rabat y el Frente Polisario, precisa que el arreglo debe incluir la "autodeterminación" del pueblo saharaui, además de aprobar la extensión de la misión en la zona hasta el próximo octubre.
En cuanto a la posición que ha tomado el Gobierno socialista, hay que recordar el macro contrato establecido entre España y la monarquía alauita, según el cual la primera suministrará armamento por valor de más de 200 millones € a Marruecos – exactamente 1200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras-. Esto sólo supone el rearme de Rabat, además de añadir elementos gravísimos a la estabilidad en las Islas Canarias y pone más difícil si cabe una posible solución pacífica al conflicto del Sahara.
A este respecto, el embajador de la República Árabe Democrática Saharaui en España, Brahim Ghali, demanda “un referéndum democrático y transparente organizado por Naciones Unidas”. Igualmente, consideró que los pactos entre ejecutivos españoles y marroquí “están fuera de lugar” y conducen a un “proceso de descolonización inconcluso”.
En este sentido, Armando Quiñones, en un artículo publicado en el diario alternativo “Kaos en la red” –en donde trata la política exterior del Gobierno Zapatero-, advierte de que “los 23.000 millones de euros de gastos militares previstos para 2007 constituyen la mayor cifra registrada en los últimos años… Unos 58,10 millones de euros diarios. O expresado de manera más elocuente: el equivalente a la suma total de los gastos de los ministerios de Trabajo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente.”
A partir de todo esto, el Gobierno socialista posee unas “responsabilidades históricas, políticas y legales” claras en el conflicto de la región africana y en el futuro del Sahara Occidental. En este año 2007 –Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui- queda patente el compromiso que debe tener el Estado español con su antigua colonia, sobre todo en el respaldo a la organización internacional de las Naciones Unidas.
La política militar de Zapatero en el exterior: actualmente España interviene en misiones “humanitarias” en 10 regiones distintas del planeta y se ha convertido en la undécima exportadora mundial de armamento es un asunto que requiere de muchas más reflexiones.